Una jueza federal en Boston ordenó este miércoles reanudar de inmediato el procesamiento de solicitudes de inmigración bloqueadas por varias acciones de la Administración Trump, entre ellas la suspensión del parole humanitario, que beneficiaban a migrantes de países Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, Afganistán y Ucrania.
La decisión fue emitida por la jueza Indira Talwani, designada por el expresidente Barack Obama, quien ya había bloqueado previamente la decisión de la Administración Trump de revocar el estatus temporal de miles de beneficiarios del programa.
"Este tribunal enfatiza, como lo hizo en su orden anterior, que no es de interés público crear una situación en la que cientos de miles de personas, en el transcurso de varios meses, se encuentren ilegalmente en el país, de modo que no puedan trabajar legalmente en sus comunidades ni proveer para sí mismos y sus familias", dijo Talwani.
Esta nueva orden judicial surge en medio de una demanda colectiva impulsada por organizaciones proinmigrantes, que cuestionan la suspensión de los trámites para quienes ya cuentan con una aprobación preliminar o buscan ingresar a Estados Unidos bajo ese esquema.
A su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin al programa de parole humanitario establecido durante la Administración Biden. La decisión afectaba directamente a cientos de miles de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos.
“Nos complace que la corte haya reconocido nuevamente el daño causado por decisiones arbitrarias del gobierno contra personas inocentes”, declaró Anwen Hughes, abogada de Human Rights First, una de las organizaciones que lidera el litigio.
La Casa Blanca sostiene que, al eliminar este programa, busca frenar la inmigración irregular y restaurar el control sobre la frontera. También señala que los beneficiarios del parole sabían que se trataba de una medida “temporal, discrecional y revocable”.
La jueza Talwani rechazó los argumentos del Departamento de Seguridad Nacional, que afirmaba tener total discreción para suspender el programa.
En su fallo, recordó que la ley federal exige un procedimiento riguroso para otorgar o denegar el parole y otros alivios migratorios, incluso en tiempos de cambios administrativos.
El programa de parole humanitario permitía a migrantes con patrocinadores estadounidenses ingresar legalmente al país por un período inicial de dos años. La medida fue creada como una alternativa al cruce irregular por la frontera sur y ha beneficiado a cientos de miles de personas desde su implementación en enero de 2023.
La administración Trump ya pidió a la Corte Suprema que suspenda esta decisión mientras continúa la batalla legal, pero, por el momento, los trámites deberán seguir su curso.
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